lunes, 17 de septiembre de 2012

SENTENCIA DE UN TRIBUNAL CON JURADO


Existe mucha teoría sobre lo apropiado o no de un tribunal del jurado, no se trata en este espacio de ampliar sobre el tema, ni se pretende hacer un ataque o una defensa del mismo. 
Respecto al procedimiento del que trae origen esta sentencia, tenemos que decir que a los que participamos en él, nos sorprendió gratamente la actitud  en todo momento de los miembros que lo compusieron. Desde la compleja selección, básica a nuestro entender para conseguir una composición del mismo lo más favorable a los intereses defendidos, hasta lo minucioso del veredicto que dio fruto a la condena.

Los miembros del jurado, incluidos los suplentes, participaron activamente a lo largo de todos los días de vista que transcurrieron en dos semanas, y mostraron una profesionalidad que más quisieran para sí muchos magistrados profesionales. Esa responsabilidad, deber de ciudadano, trajo como resultado esta sentencia que hoy publicamos en este espacio, con el fin de que el lector pueda hacerse una idea más elaborada para crear una opinión más documentada sobre el tema.  Antonio Segura.


MJ
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID 
Sección nº 2 
Rollo : 2 /2009 
Órgano Procedencia: JDO. INSTRUCCION N. 40 de MADRID
Proc. Origen: TRIBUNAL DEL JURADO nº 2 /2008


 SENTENCIA Nº 184/2010


ILMO/A SR./SRA. MAGISTRADA PRESIDENTE

 CARMEN COMPAIRED PLO 



En MADRID, a tres de mayo de dos mil diez

VISTA en juicio oral y público, ante el Tribunal del Jurado la presente causa de Procedimiento de Ley del Jurado con el número 2 /2009, procedente del JUZGADO DE INSTRUCCION nº 40  de MADRID  y seguida por el trámite de TRIBUNAL DEL JURADO  por el delito de  ASESINATO, ROBO Y TENENCIA ILICITA DE ARMAS, contra:

- Jxxx Bxxxx Bxxxx,  con DNI/PASAPORTE número 55555555-M   nacido el 00/00/0000  en MADRID;  hijo de JOSE y de CONCEPCION.

En prisión por esta causa desde el 30/11/2007.

Ha estado representado por el Procurador D. JOSE GONZALO SANTANDER ILLERA y defendido por la Letrada Dª  MARIA MILAGROS VERGARA MEDINA.

Siendo parte acusadora el Ministerio Fiscal, y como acusación particular Dª FRANCISCA XXXXXX XXXXX Y D. CARLOS XXXXX XXXXXXXXX siendo representados por la Procuradora Dª TERESA GARCIA APARICIO y defendidos por el Letrado D. ANTONIO SEGURA HERNANDEZ.

Actúa como ponente de la resolución la Ilma. Sra.  Presidenta  Dª CARMEN COMPAIRED PLO.


 ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El JUZGADO DE INSTRUCCION nº 40  de MADRID remitió a esta Sección 2  de la Audiencia Provincial de MADRID, el Procedimiento de la Ley de Jurado que se ha seguido con el Rollo 2/2009.

SEGUNDO.-  El Ministerio Fiscal tras el acto del juicio oral, elevó a definitivas las conclusiones provisionales, siendo las siguientes:

Los hechos expuestos son constitutivos de:

A)   Un delito de tenencia ilícita de armas, penado en el art. 564-1-1º del C. Penal.
B)   Un delito de asesinato penado en el art. 139-1º del referido texto legal.

Responsable en concepto de autor el acusado con arreglo a lo dispuesto en los arts. 27 y 28 del Código Penal.

No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Procede imponer al acusado: 1 año de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito A).

18 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena por el delito B).

Se impondrán al acusado las costas procesales.

Por vía de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar conjuntamente a Fxxxxxxxx Lxxxxx Pxxxx y a Cxxxxx Rxxx Dxxxxxxxx en la cuantía de 100.000 Euros por la muerte de su hijo Ixxx Rxxx Lxxxxx.

TERCERO.- Por la acusación Particular, representada por Dª Francisca Xxxxxx Xxxxx y D. Carlos Xxxx Xxxxxxxxx se elevaron a definitivas las conclusiones provisionales, siendo las siguientes:

Los hechos narrados son constitutivos de: un delito de asesinato del art. 139-1º del C. Penal en concurso con un delito de robo con violencia e intimidación de los arts. 237 y 242-1 y 2 del C. Penal y de un delito de tenencia de armas sin licencia del art. 564 del C. Penal.

De los hechos responde en concepto de autor el acusado Jxxxx Bxxxx Bxxxx art. 28 del C. Penal.

Concurren en este caso las circunstancias agravantes del art. 22, 1º, 2º, 3º y 8 del C. Penal.

Procede imponer al acusado Jxxxx Bxxxx Bxxxx las siguientes penas:

Por el delito de asesinato, 20 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.
Por el delito de robo con violencia e intimidación 5 años de prisión.

Por el delito de tenencia ilícita de armas, 2 años de prisión.

Responsabilidad civil al acusado por la muerte de Xxxx Xxxxx Xxxxxx indemnizará a sus padres D. Carlos Xxxx Xxxxxxxxx y Dª Francisca Xxxxxx Xxxxx en la cantidad de 300.000 Euros más 7.200 Euros por las lesiones psicológicas causadas y 3.800 Euros por la cronificación de dicha enfermedad y las secuelas en relación a D. Carlos Xxxx Xxxxxxxxx. En la cantidad del 6.300 Euros en relación al trastorno ansioso depresivo reactivo que incapacita a Dª Francisca Xxxxxx Xxxxx más el año de baja.

CUARTO.- Por la defensa de Jxxxx Bxxxx Bxxxx se elevaron a definitivas las conclusiones provisionales en las que no se estaba de acuerdo con los hechos imputados por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, porque no se corresponden a la realidad.

No hay autor. No hay que apreciar circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Solicitó la libre absolución.

No procede la responsabilidad civil.

Tras el veredicto de culpabilidad en los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, no solicitó pena concreta, sino la libre absolución.




 HECHOS PROBADOS
Sobre hora no determinada del día 8 de noviembre de 2007, el acusado Jxxxx Bxxxx Bxxxx, mayor de edad, se encontraba en el aparcamiento sito en el nº 18 de la calle Carmen Montoya de Madrid, y sobre las 21 h. del día 8 de noviembre de 2007, Xxxx XXXX Xxxxxx y Mayra Xxxxx Xxxxxx entraron en el aparcamiento y bajaron hasta la segunda planta del mismo donde aparcaron su vehículo y al salir del mismo y por sorpresa, el acusado Jxxxx Bxxxx Bxxxx encañonó a Xxxx Xxxx Xxxxxx con una pistola semiautomática apta para disparar balas del calibre 6,35 mm. para la que no tenía licencia. El acusado Jxxxxx Bxxxx Bxxxx procedió a dispararle en tres ocasiones sin llegar a alcanzarle.

Xxxx Xxxx Xxxxxx corrió hacia la salida del aparcamiento por la zona de las escaleras disparándole nuevamente sin alcanzarle.

Tras salir a la calle, a la altura del nº 19 de la calle Carmen Montoya le disparó dos veces alcanzándole con un disparo a la cabeza en la región temporal parietal derecha, alojándose el proyectil en la región occipital izquierda, sin orificio de salida.

Trasladado al Hospital Gregorio Marañón, Xxxx Xxxx Xxxxxx murió a las 14 h. del día 9 de noviembre de 2007 por destrucción de centros vitales y la hemorragia meningo encefálica causadas por esa herida de arma de fuego a nivel craneal.

A Xxxx Xxxx Xxxxxx le sobreviven sus padres D. Carlos Xxxx Xxxxxxxxx y Dª Francisca Xxxxxx Xxxxx.

No ha quedado acreditado que Jxxxx Bxxxx Bxxxx intentara sustraer objetos de un vehículo ubicado en el garaje.
No ha quedado acreditado que Jxxxx Bxxxx Bxxxx mediante intimidación con uso de arma se hubiera apoderado de efectos de Xxxx Xxxx Xxxxxx.


 FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, los hechos declarados aprobados son constitutivos de un delito de tenencia ilícita de armas del art. 564-1-1º del Código Penal y un delito de asesinato previsto y penado en el art. 139-1º del Código Penal.

El Tribunal del Jurado ha tenido en cuenta la prueba testifical y pericial practicada y recoge expresamente en el apartado cuarto del acta levantada, haciendo referencia expresa en todos los hechos objeto de veredicto de las pruebas que le han llevado a tomar tal convicción.

En el hecho primero a su estancia en el garaje “consideran probado que el acusado estaba en el garaje de C/ Carmen Montoya en base a los siguientes testimonios que muestran una coherencia en la descripción física del individuo autor de los hechos, que es la siguiente: nariz prominente, complexión delgada, altura aproximada de 1,70, moreno pelo corto, tez morena, cazadora oscura, brazo derecho con movilidad reducida a causa de un vendaje o escayola:

-    Mayra Xxxxx de fecha 12 de Abril de 2010, que además durante la rueda de reconocimiento de día 30 de noviembre de 2007, aunque no reconoce fehacientemente al acusado, sí comenta con el funcionario de policía que le acompañaba que se queda con la mirada del número 2, que resultaba ser Xxxxx Xxxxx Xxxxx.
-    Miguel Angel Gxxxxxxx Sxxxx que en todas sus declaraciones afirma que ve salir de la puerta del garaje a dos individuos, uno en persecución del otro en dirección a la C/ Carmen Montoya. Posteriormente, tras escuchar dos detonaciones, ve al individuo que perseguía al primero pasar a su lado en la Calle Yeros con escayola en mano derecha y portando el arma en dicha mano y en ademán de ocultar su rostro.
-    Testigo Protegido Nº 1 y Testigo Protegido Nº 2, que además reconocen a Xxxxx Xxxxx Xxxxx en composición fotográfica en 9 de noviembre de 2007 y rueda de reconocimiento en 30 de noviembre de 2007 con seguridad com la persona que vieron por la C/ Yeros instantes después de la ocurrencia de los hechos.
-    Testigo Protegido Nº 1 además reconoce inequívocamente a Xxxxx Xxxxx Xxxxx la misma noche de los hechos cuando pasa a su lado por C/ Yeros.
-    Testigo Protegido Nº2 aporta además que es de etnia gitana.

Así mismo creemos probado que el acusado estuvo en el lugar de los hechos por los testimonios que le sitúan en la zona momentos antes que tuviesen lugar los hechos y que tenía un brazo escayolado:

-    Alberto Pxxxxxx Gxxxxxxx: declara que Jxxxx Bxxxx Bxxxx (al que ya conocía anteriormente como vecino de la zona) estuvo ese día en el bar Isaac y que tenía una escayola en el brazo derecho. Que además estuvo involucrado en los hechos acaecidos a las 20 horas de la tarde en el supermercado Día.
-    Carmen Mxxxxxxxx Exxxxxx Sxxxxxxx: en testimonio del día 20/12/07, dice que sucedió un altercado en el supermercado Día el mismo día de los hechos, alrededor de las 20 de la tarde, donde se produce una agresión en el que la persona agresora lleva un brazo escayolado.
-    Jaime Axxxxx Mxxxxxxx: en declaración del día 12/02/08, sufre la agresión en el supermercado Día y su descripción coincide con Jxxxx Bxxxx Bxxxx en cuanto a la estatura 1,70, complexión delgada y que tenía el brazo escayolado. Este testimonio queda ratificado el día 14/04/10.
-    Lxxx Fxxxxx Axxxxx Sxxxxxx: empleado del bar Isaac sito en el número 11 de la calle Mártires de la Ventilla, en su declaración del 18/12/07, asegura que el día de los hechos alrededor de las 19:30 estaban en el local Jxxxx Bxxxx Bxxxx y el Rana. Jxxxx llevaba una mano vendada.
Leonardo Dxxx Mxxxxx: enfermero del centro de salud de la Ventilla, ratifica que el día 07/11/07, último día que el acusado acude a consulta, presenta férula en el antebrazo derecho colocada en el hospital de la Paz.

En el hecho relativo a la tenencia de un arma consideramos probado que Jxxxx Bxxxx Bxxxx estaba en el garaje el día de los hechos según todos los testimonios de Mayra Zxxxx que afirma que entraron y aparcaron el coche en dicho garaje el día mencionado. Xxxx después de aparcar el coche en su plaza, vio al acusado bajar por la rampa encañonándole con una pistola, con la que disparó posteriormente en tres ocasiones a la víctima dentro del garaje.

Según el informe de balística que figura al folio 1337 firmado por el Policía 18851, en base a las vainas y proyectiles recogidos en el interior del garaje se determina que el arma utilizada es de calibre 6.35 mm.

Consideramos probado que el acusado no disponía de licencia para portar el arma con el que realizó los disparos en base al informe de la Guardia Civil al folio 1215 del sumario.

Así mismo consideramos probado que el acusado podía tener acceso a este arma, ya que es el mismo arma relacionado con un suceso ocurrido en el Bar La Toga ocho días antes (29/10/07). Según informe 14/09/07 (declaración de los policías 18851, 18452, 17601 del día 19/04/10), donde se especifica que se recogió una vaina en el bar que también era del calibre 6,35 mm. y percutida por el mismo arma según análisis de balística.
De esta forma se puede probar que una misma pistola intervino en el homicidio de Xxxx y en el robo con intimidación en el Mesón La Toga de la Avda. de Asturias.

El policía 64928 el 9/04/10 preguntado sobre el suceso del bar la Toga explicó que Rxxx Bxxxx (primo del acusado) había sido reconocido como el supuesto autor del disparo durante el atraco al bar.

En relación a los hechos relativos a la muerte de Xxxx consideramos probado este hecho en base a:

-    Los testimonios de Mayra Zxxxx (de fechas 8/11/207, 7/12/2007, 12/12/2007 y 12/4/2010) que afirma que el acusado realizó tres disparos contra Xxxx Xxxx Xxxxxx en la segunda planta del garaje.
-    Acta policial de inspección técnico ocular de fecha 9/11/207 (realizada por los funcionarios policiales 86793 y 88616) donde se recogen tres vainas percutidas en la segunda planta del garaje.
-    Los testimonios de Mayra Zxxxx  (de fechas 8/11/2007, 7/12/2007, 12/12/2007 y prueba testifical en vista oral 12/4/2010) que afirma que el acusado persigue a Xxxx Xxxx Xxxxxx por las escaleras del garaje escuchando instantes después al menos un disparo.
-    Acta policial de inspección técnico ocular de fecha 9/11/2007 (realizada por los funcionarios policiales 86793 y 8616) donde se recoge una vaina percutida en las escaleras del garaje.

Considerando probado los hechos anteriores (primero, segundo, cuarto y quinto) que indican que era Jxxxx Bxxxx el perseguidor de Xxxx Xxxx Xxxxxx en su huida a la calle Carmen Montoya, consideramos probado este hecho en base a las siguientes declaraciones de testigos oculares:

-    María Rxxxxxxx Rxxx Exxxxxx (de fechas 11/1/2008 prueba testifical en vista oral en fecha 12/4/2010)
-    Teresa Mxxxxx Cxxxxx (de fechas 9/11/2007 y 11/01/2008 y prueba testifical en vista oral en fecha 12/04/2010)
-    María Pxxxx Bxxxx Dxxxxx (testimonio del 9/04/10 y 11/11/07).

Todos estos testimonios coinciden en que vieron a dos individuos provenientes de la C/ Costa Verde con dirección a C/ Carmen Montoya, el primero de los cuales pedía auxilio y el segundo en su persecución. A la altura del número 19 de esta última calle ven al segundo individuo (cuya descripción física es compatible con la del acusado por coincidencia con la aportada con el resto de declarantes que reconoce a Jxxxx Bxxxxx Bxxxx) realizar dos disparos e instantes después como el primer individuo cae alcanzado por uno de ellos.

En base al informe de autopsia médico forense realizado a la víctima Xxxx Xxxx Xxxxxx, practicado en fecha 10/11/2007 por el Dr. Castillo Hernández que confirma el orificio de entrada del proyectil y la ubicación final del mismo.

Sobre la muerte de Xxxxx damos por probado este hecho en base al resumen del Informe Clínico del Hospital Gregorio Marañón (de fecha 9/11/2007), acta médica de defunción (de fecha 9/11/2007) e informe e autopsia médico forense realizado a la víctima Xxxx Xxxx Xxxxxx, practicado en fecha 10/11/2007 por el Dr. Castillo Hernández y la ratificación de dichos informes en el acto del plenario.

Le sobreviven a Xxxx sus padres, en base a la comparecencia de Dª Francisca Xxxxxx Xxxxx y D. Carlos Xxxx Xxxxxxxxx en vista oral en fecha 9/4/2010.

Elementos de Convicción:

Queda probado que Jxxxx Bxxxx Bxxxx disparó en seis ocasiones sin que Xxxx Xxxx Xxxxxx pudiese defenderse, con pleno conocimiento y voluntad de sus actos con un arma de fuego sin licencia.

-    Según la declaración del doctor Santiago Kassem Vargas (número colegiado 3785362), dice que el acusado no tiene alteraciones cognitivas ni de voluntad y que sería consciente del daño que haría una persona al perseguirla hasta matarla.
-    De acuerdo a las consideraciones médico-forenses del informe de fecha 10/8/2009 firmado por Dª Raquel Barrero Alba, médico forense de la Audiencia Provincial de Madrid, indica que la exploración psicopatológica no presenta síntomas o signos psíquicos que afecten a las capacidades cognitivas y/o volitivas, las cuales se encuentran conservadas.
-    De acuerdo a las consideraciones médico-forenses del informe que obra al folio 1176 firmado por Dª Teresa Elegido Fluiters, especialista en psiquiatría clínica manifiesta que el acusado no padece ninguna alteración de sus capacidades cognitivas y de voluntad, pudiendo discernir entre las conductas lícitas de aquellas que no lo son.

Como elementos de convicción adicionales, consideramos demostrado que la declaración del acusado no coincide con los testimonios y que podría ocultar la verdad:

-    Queda probado que el acusado se encontraba en el lugar de los hechos.
-    Faltó sin justificación aparente a las curas programadas en fechas inmediatamente posteriores, cuando lo había estado haciendo con regularidad.

También consideramos que las lesiones del acusado (de mano y de pierna) no le impidieron ni huir corriendo y empuñar una pistola, en base a la declaración de la doctora Mariscal de Gante el 20/4/10.”

Así mismo el Tribunal del Jurado no ha considerado probado parte del hecho primero y del tercero del objeto del veredicto y así refieren.

“No obstante, tras revisar las pruebas relacionadas, no consideramos probado que Jxxxx Bxxxx Bxxxx intentara sustraer objetos de un vehículo ubicado en el garaje.”

“Si se considera probado que tras un intercambio de palabras, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx le muestra su cartera ofreciendo su contenido, sin que conste que el acusado Jxxxx Bxxxx Bxxxx la cerró y se la devolvió.

Para esto nos basamos en todos los testimonios de Mayra Zxxxx (de fechas 8/11/2007, 7/12/2007 y 12/04/2010) que afirman que Xxxx Xxxx Xxxxxx tras un intercambio de palabras con el acusado, mostró y ofreció su cartera a éste, pero solo en el testimonio de 12/12/2007 relata que Xxxx Xxxx se la entregó abierta y el acusado la tomó y se la devolvió. Consideramos que estas contradicciones no son pruebas suficientes para dar el hecho tal y como está redactado, como probado.”

En relación con el hecho noveno relativo a las conclusiones de la defensa, refieren:
Consideramos probados los siguientes hechos:

-    Que sobre las 21 h. del día 8/11/2007 el acusado Jxxxx Bxxxx Bxxxx se encontraba en el aparcamiento de la C/ Carmen Montoya nº 18 de Madrid:
• En base a haber considerado probado los HECHOS PRIMERO y SEGUNDO.
-    Que Jxxxx Bxxxx Bxxxx efectuó disparos contra Xxxx Xxxx Xxxxxx que le ocasionaron la muerte:
• En base a haber considerado probado los HECHOS CUARTO, QUINTO y SEXTO.

Consideramos no probados los siguientes hechos:

-    Que intentó robar a Xxxx Xxxx Xxxxxx
-    Que Jxxxx Bxxxx Bxxxx intentara sustraer objetos de un vehículo en base a lo argumentado en el hecho PRIMERO del objeto de veredicto.”

Con estos argumentos el Tribunal del Jurado justifica su decisión sobre los hechos que declara probados y no probados.

SEGUNDO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de tenencia ilícita de armas previsto y penado en el art. 564-1-1º del Código Penal y de un delito de asesinato previsto y penado en el art. 139-1º del C. Penal.

En primer lugar el art. 564-1-1º del Código Penal castiga “la tenencia de armas de fuego reglamentadas, careciendo de las licencias o permisos necesarios, con la pena de prisión de uno a dos años si se trata de armas cortas”.

El Tribunal de Jurado ha estimado y dado por probado según pruebas practicadas que el acusado portaba una pistola con la que disparó en tres ocasiones dentro del garaje en la planta segunda del mismo; otra vez en las escaleras y dos disparos en la calle Montoya.

Que tras ser recogidas por la Policía científica las vainas y los proyectiles, se remitieron al laboratorio de balística de la policía que emitió los informes que fueron ratificados en la vista del juicio del día 19 de abril de 2010. Así el informe obrante al folio 1337 firmado por el policía 18851 sobre 6 vainas y 4 balas. Tras explicar el mecanismo de funcionamiento, refirió que la pericia fue de 6 vainas y 4 balas que ven que es calibre 6,35 mm.

Que las vainas tienen marcas o lesiones que deja el arma en la percusión y ven que se repiten en las 6 vainas que dejan. Afirman que ha sido una sola arma la que ha disparado. Es una conclusión que se hace con certeza. Las 6 vainas fueron disparadas por la misma pistola.

Miran las 4 balas por separado y ven también que las lesiones por rozamiento del cañón también corresponden a una misma pistola.

Las características del arma que disparó las 6 vainas y las de la pistola que disparó las 4 balas son del mismo fabricante. El arma es del calibre 6,35 mm., es un arma pequeña. No pueden determinar la marca de la pistola. Es pequeña pero letal. El número de proyectiles que lleva el cargador de ese tipo de arma es de seis o siete.

Que asimismo hicieron otro informe que lo firma el policía 18452 que buscaron si había antecedentes y había llegado una vaina de otro lugar percutida, por un robo en el mesón La Toga en Avenida de Asturias de Madrid. Que las marcas impresas son las mismas que la vaina encontrada en el bar. Esas vainas han sido todas percutidas con la misma pistola, con carácter de certeza científica. No se recupera la bala, no pueden comparar balas con balas. Concluyen que la vaina del mesón La Toga y las 6 vainas del homicidio han sido percutidas por la misma arma; la misma pistola sin dudas.

El acusado carece de licencia de armas, en base al informe de la Guardia Civil obrante al folio 1215.

TERCERO.- Los hechos son constitutivos de un delito de asesinato del art. 139-1º del C. Penal al concurrir alevosía.

El art. 139-1º del Código Penal castiga “con la pena de quince a veinte años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: con alevosía.”

La alevosía como circunstancia agravante aparece definida en el art. 22 del Código Penal: “Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido”. Es decir, el núcleo del concepto de alevosía se halla en una conducta que tiene por finalidad eliminar las posibilidades de defensa por parte del sujeto pasivo.

Tal eliminación de posibilidades de defensa puede derivarse de la manera de realizarse la agresión, bien de forma proditoria o aleve, cuando se obra en emboscada o al acecho a través de una actuación preparada para que el que va a ser la víctima no pueda apercibirse de la presencia del atacante o atacantes hasta el momento mismo del hecho, bien de modo súbito o por sorpresa, cuando el agredido, que se encuentra confiado con el agresor, se ve atacado de forma rápida e inesperada. También puede haber alevosía como consecuencia de la particular situación de la víctima, ya por tratarse de persona indefensa por su propia condición (niño, anciano, inválido, ciego, etc…), ya por hallarse accidentalmente privada de aptitud para defenderse (dormida, drogada, sin conocimiento, anonadada, etc…).

En todos estos supuestos existe una mayor peligrosidad y culpabilidad en el autor del hecho, que revela de este modo de actuar un ánimo particularmente ruin, perverso, cobarde o traicionero (fundamento subjetivo), y también una mayor antijuridicidad por estimarse más graves y más lesivos para la sociedad este tipo de comportamientos en que no hay riesgos para quien delinque (fundamento objetivo).

El Tribunal del Jurado ha estimado, a través de los argumentos que se han hecho constar, y que se reflejan en el acta, sobre la forma de producirse “teniendo en cuenta los testimonios de Mayra Zxxxx, quién ha testificado en varias ocasiones incluido el juicio oral y afirma que el acusado por sorpresa, encañonó a Xxxxx con una pistola y sin posibilidad de defenderse realizó tres disparos contra Xxxx Xxxx en la segunda planta del garaje; que luego el acusado le persigue a Iván por las escaleras del garaje escuchando instantes después al menos un disparo.

Que una vez en la calle Montoya son las declaraciones de testigos oculares como María Rxxxx Rxxx Exxxxxx quien había declarado en la instrucción y lo hizo en el acto del juicio. Teresa Mxxxxx Cxxxxx, también declaró en el juzgado y en el acto del juicio y María Pilar Bxxxx Dxxxxx igualmente y coinciden en que vieron a dos individuos provenientes de la c/ Costa Verde –salida del garaje por la escalera- con dirección a la calle Carmen Montoya, el primero de los cuales pedía auxilio y el segundo en su persecución. A la altura del nº 19 de esta última calle ven al segundo individuo realizar dos disparos e instantes después como el primer individuo cae alcanzado por uno de ellos.

Acta Policial de inspección técnico ocular de fecha 9/11/2007 realizada por los funcionarios policiales 86793 y 88616 donde se recogen tres vainas percutidas en la segunda planta del garaje una vaina percutida en las escaleras del garaje.

En el informe de autopsia médico forense realizado a la victima Xxxx Xxxx Xxxxxx practicado en 10/11/2007 por el Dr. Castillo Hernández que confirma el orificio de entrada del proyectil y la ubicación final del mismo, que fue ratificado en el juicio oral. En dicho informe al que se remiten los Jurados que fue ratificado en el acto del juicio oral en la sesión del 19/4/2010, el disparo no fue a cañón tocante y no a excesivos metros. Que vio la trayectoria interna del disparo, entró frontal superior derecha, el balín toco temporal izquierdo, atraviesa masa encefálica, se aloja en el occipital. No tenía orificio de salida. Esa fue la trayectoria interna que tuvo el disparo. La herida produce la muerte del sujeto inevitable, debido a la hemorragia, destrucción de centros vitales superiores, toda la masa encefálica da como un estallido, y el resultado es la muerte de la persona. Es una herida mortal de necesidad, no tenía posibilidades de salvarse.

En relación con unas heridas tales como erosiones y herida contusiva fueron por la caída al recibir el disparo.

Que no había heridas de defensa, lo que significa que no hubo contacto entre agresor y victima. Recogió muestras de sangre del fallecido, para informe de toxicología.

Que el proyectil alojado en cerebro lo entregó a la Policía Judicial.

CUARTO.- No han considerado probado que Jxxxx Bxxxx Bxxxx intentara sustraer objetos de un vehículo en el garaje.

Los Jurados en el acta y en respuesta al hecho primero; el cual han dividido en dos partes. En la segunda refieren que “tras revisar las pruebas relacionados, no consideran probado dicho intento”.

Ello es así, ya que no hay prueba practicada que de un resultado positivo, dado que en un solo coche se aplicaron reactivos sobre ADN, resultaron negativos; no se constató ningún tipo de forzamiento en dicho vehículo y no faltó ningún efecto.

QUINTO.- Asimismo no han considerado probado que Jxxxx Bxxxx Bxxxx mediante intimidación con uso de arma hubiera conseguido apoderarse de efectos, ya que si bien en el hecho tercero dan como probado que tras un intercambio de palabras Xxxx le ofreció su cartera, no dan por probado que la cartera hubiera estado en manos de Jxxx Bxxxx por las contradicciones en las que incurre Mayra Zxxxx en relación con este extremo en varias declaraciones, respecto a lo relatado en el juicio oral.

SEXTO.- El Tribunal del Jurado considera responsable en concepto de autor art. 28 del C. Penal al acusado de los delitos de tenencia ilícita de armas 564-1-1º del C. Penal y asesinato art. 139-1º del C. Penal.

El Tribunal del Jurado da probada la autoría del acusado y le consideran culpable según refieren en base a los testimonios de:

-    Mayra Zxxxx de fecha 12 de Abril de 2010, que además durante la rueda de reconocimiento de día 30 de noviembre de 2007, aunque no reconoce fehacientemente al acusado, sí comenta con el funcionario de policía que le acompañaba que se queda con la mirada del número 2, que resultaba ser Jxxxx Bxxxx Bxxxx.
-    Miguel Angel Gxxxxxxx Sxxxx que en todas sus declaraciones afirma que ve salir de la puerta del garaje a dos individuos, uno en persecución del otro en dirección a la C/ Carmen Montoya. Posteriormente, tras escuchar dos detonaciones, ve al individuo que perseguía al primero pasar a su lado en la Calle Yeros con escayola en mano derecha y portando el arma en dicha mano y en ademán de ocultar su rostro.
-    Testigo Protegido Nº 1 y Testigo Protegido Nº 2, que además reconocen a Jxxxx Bxxxx Bxxxx en composición fotográfica en 9 de noviembre de 2007 y rueda de reconocimiento en 30 de noviembre de 2007 con seguridad com la persona que vieron por la C/ Yeros instantes después de la ocurrencia de los hechos.
-    Testigo Protegido Nº 1 además reconoce inequívocamente a Jxxxx Bxxxx Bxxxx la misma noche de los hechos cuando pasa a su lado por C/ Yeros.
-    Testigo Protegido Nº2 aporta además que es de etnia gitana.

Ha tenido como elementos de convicción que Jxxxx Bxxxx Bxxxx disparó en seis ocasiones sin que Iván Ruiz Lucen pudiese defenderse, con pleno conocimiento y voluntad de sus actos con un arma de fuego sin licencia.

-    Según la declaración del doctor Santiago Kassem Vargas (número colegiado 3785362), dice que el acusado no tiene alteraciones cognitivas ni de voluntad y que sería consciente del daño que haría una persona al perseguirla hasta matarla.
-    De acuerdo a las consideraciones médico-forenses del informe de fecha 10/8/2009 firmado por Dª Raquel Barrero Alba, médico forense de la Audiencia Provincial de Madrid, indica que la exploración psicopatológica no presenta síntomas o signos psíquicos que afecten a las capacidades cognitivas y/o volitivas, las cuales se encuentran conservadas.
-    De acuerdo a las consideraciones médico-forenses del informe que obra al folio 1176 firmado por Dª Teresa Elegido Fluiters, especialista en psiquiatría clínica manifiesta que el acusado no padece ninguna alteración de sus capacidades cognitivas y de voluntad, pudiendo discernir entre las conductas lícitas de aquellas que no lo son.

Que Jxxxx Bxxxx Bxxxx faltó sin justificación aparente a las curas programadas en fechas inmediatamente posteriores cuando lo había estado haciendo con regularidad.

Que las lesiones del acusado –de mano y de pierna- no le impidieron ni huir corriendo y empuñar una pistola, en base a la declaración en el juicio de la médico forense Dª Mariscal de Gante sesión del día 20/04/2010.

“Dicha médico realizó el informe de 30 de noviembre de 2007 sobre el detenido Jxxxx Bxxxx Bxxxx, el cual le manifestó ser epiléptico y le refirió el tratamiento que llevaba, y que lo quería tomar.

En relación con la mano en la que en el informe dice que no puede hacer puño por la cirugía, respondió que si podría coger una pistola para disparar y apretar el gatillo, que no requiere gran precisión.

En relación con la herida de la pierna por cicatriz, refirió que imposibilitado para caminar no estaba; venía andando.”



SEPTIMO.- No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

OCTAVO.- En cuanto a las penas a imponer. El Ministerio Fiscal solicitó por el delito de asesinato la pena de 18 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

Por la acusación particular por el delito de asesinato se solicitan 20 años de prisión e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

El art. 139-1º del C. Penal castiga con la pena de 15 a 20 años de prisión el asesinato y al no concurrir circunstancias atenuantes ni agravantes de conformidad con el art. 66-1-6º se aplicará la pena establecida por la Ley para el delito cometido en la extensión que se estime adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hechos.

En el presente supuesto estamos respecto de la personalidad del delincuente ante una persona que tiene un trastorno de la personalidad según se acredita y que aunque no son de aplicación cuenta con un amplio historial delictivo. En cuanto a la gravedad del hecho, es claro que se propuso matarlo y le disparó hasta en seis ocasiones sin que la victima pudiera defenderse, por lo que aplicamos la pena de de 17 años de prisión. Así como inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena art. 55 del C. Penal.

En relación con el delito de tenencia ilícita de armas del art. 564-1-1º del Código Penal.

Se impone la de un año de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena art. 56 del C. Penal.
NOVENO.- El acusado es responsable civil de los delitos cometidos, de acuerdo con los arts. 109 y 116 del Código Penal y adopta la forma de indemnización a terceros por los daños morales a que se refiere el art. 113 del C. Penal.

El Ministerio Fiscal interesó para Dª Francisca Lxxxxx Pxxxx y D. Carlos Rxxxx Dxxxxxxxx padres de Xxxx por la muerte del mismo la cuantía de 100.000 Euros.

La acusación particular interesó por la muerte de Xxxx Xxxx Xxxxxx la cantidad de 300.000 Euros para sus padres D. Carlos Rxxx Dxxxxxxxx y Dª Francisca Lxxxxx Pxxxx, así como 7.200 Euros por las lesiones psicológicas causadas y 3.800 Euros por la cronificación de dicha enfermedad y las secuelas en relación a D. Carlos Rxxx Dxxxxxxxx. En la cantidad de 6.300 Euros en relación al trastorno ansioso depresivo reactivo que incapacita a Dª Francisca Lxxxx Pxxxx.

Para el cálculo de la responsabilidad civil se toma como criterio meramente orientativo el Baremo establecido en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor EDL 1968/1241 (Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo núm. 8/2004, de 29 de octubre) que, de aplicación obligada en supuestos de accidentes ocurridos con ocasión de la conducción de vehículos de motor, en delitos dolosos incrementados en un 20%, tal como se acordó por la Junta de Magistrados de la audiencia Provincial de Madrid que en fecha 29 de mayo de 2004 se reunió para unificación de criterios.

Aplicamos al efecto la actualización de las cantidades establecida por Resolución de 31 de enero de 2010 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones vigente en la fecha del juicio conforme a la doctrina de la deuda valor.

Tratándose de la muerte de una persona que no tenía ni cónyuge ni descendientes son los ascendientes para los que sobre la cantidad prevista incrementada en un 20% da un total de 120.000 euros.

Asimismo, procede la indemnización por las lesiones que constan acreditadas en los informes, en las cantidades de 7.200 €, 3.800 € y 6.300 €

DECIMO.- De acuerdo con el art. 123 del Código Penal se impone al acusado las costas procesales, con inclusión de las relativas a la acusación particular, conforme a una doctrina reiterada del Tribunal Supremo las costas ocasionadas a la acusación particular ejercida por Dª Francisca Lxxxxx Pxxxx y D. Carlos Rxxx Rxxxxxx deben de ser satisfechas por el acusado y condenado en tanto que la presencia de los acusadores lo fue en respuesta al ofrecimiento de acciones que le había sido realizado en su momento conforme con el art. 109 de la LECrim. Han tenido unos gastos originados por la actuación criminal del autor de los hechos, por lo que es conforme a derecho que sea éste quien haya de abonarlos.


En atención a lo expuesto:


 FALLO


FALLAMOS. Que debo CONDENAR y CONDENO a Jxxxx Bxxxx Bxxxx como responsable en concepto de autor de un delito de tenencia ilícita de armas y de un delito de asesinato sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal a las penas de UN AÑO DE PRISION por el delito de tenencia ilícita de armas con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena, y DIECISIETE AÑOS DE PRISION por el delito de asesinato, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Pago de costas con inclusión de las relativas a la acusación particular; y que indemnice en 120.000 € a D. Carlos Rxxx Dxxxxxxxx y Dª Francisca Lxxxxx Pxxxx por la muerte de su hijo Xxxx Xxxx Xxxxxx y que indemnice en las cantidades de 7.200 €, 3.800 € y 6.300 € por lesiones psicológicas a D. Carlos Rxxx Dxxxxxxxx y Dª Francisca Lxxxxx Pxxxx.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer Recurso de apelación, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de DIEZ DIAS, a contar desde la última notificación.

Así, por esta Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala y se anotará en los Registros correspondientes lo pronuncio, mando y firmo.











PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Magistrada Ilma. Sra. Dª CARMEN COMPAIRED PLO, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

martes, 8 de mayo de 2012

TERRORISMO Y POLÍTICA DE REINSERCIÓN DEL PARTIDO POPULAR.


En la reunión mantenida por el Ministro del Interior Don Jorge Fernández Díaz y el Secretario General de Instituciones Penitenciarias del gobierno español Don Ángel Yuste Castillejo, con las diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo, en las que se explicaba a éstas el programa que el gobierno intenta impulsar para la reinserción de presos condenados por actividades terroristas, se prometió facilitar a las mismas, una vez hecho a las distintas fuerzas políticas, el contenido de dicho programa, que aquí publicamos. En dicha reunión estuvimos presentes dando apoyo legal a la Presidenta de la Asociación 11M afectados del Terrorismo, Doña Pilar Manjón. 






PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA
PENITENCIARIA DE REINSERCIÓN INDIVIDUAL
EN EL MARCO DE LA LEY


1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA.

La Administración Penitenciaria, además de garantizar el cumplimiento íntegro de la parte retributiva de la pena, tiene la obligación de propiciar el conjunto de actividades directamente encaminadas a conseguir la reeducación  y reinserción social de los penados, de forma, que cumplida la condena, el penado retorne a la sociedad con la capacidad y la voluntad de vivir respetando la Ley. Esta obligación legal no desaparece respecto a internos vinculados a bandas terroristas y organizaciones criminales.

No podemos olvidar que, en el caso de delincuentes terroristas, las características de los penados, su disposición a reconocer el daño causado y su voluntad para abandonar las convicciones que les llevaron a delinquir, presentan peculiaridades que es preciso abordar con una estrategia específica; sobre todo cuando la organización de referencia no se ha disuelto, cuenta con un cierto apoyo social y aspira a mantener la cohesión y disciplina de sus militantes encarcelados proyectando una estrategia de imposición al Estado en el diseño y ejecución de su política penitenciaria.

En nuestro ordenamiento jurídico, el tratamiento punitivo de este tipo de criminalidad se ha abordado con elementos diferenciales respecto a otras formas de  delincuencia más común, precisamente por la peligrosidad de quienes la practican y su potencialidad desestructuradora de la convivencia y la libertad de los ciudadanos. Resaltaremos, como más significativas las siguientes:

a)    En cuanto al cumplimiento de la condena, imponiendo unas mayores exigencias para el acceso a los beneficios penitenciarios, en los términos que dispone el art. 36 CP –periodo de seguridad- y el art. 72.6 de la LOGP –pago de la responsabilidad civil, perdón a las víctimas, repudio de la violencia, etc.

b)    Especiales prevenciones, respecto a la clasificación penitenciaria, aplicación del régimen cerrado, en las que se atiende, también, a la entidad de los delitos cometidos, extensión de las condenas impuestas y peligrosidad objetiva de quienes se integran en estructuras que amplifican la dimensión y nocividad de sus acciones.

c)    Un programa de separación de los reclusos terroristas en diferentes Centros Penitenciarios orientado a propiciar la desvinculación del colectivo de aquellos que opten por afrontar su condena fuera de la disciplina de la organización.


Parece conveniente y oportuno, diseñar un Programa de intervención con reclusos vinculados a este tipo de criminalidad, que permita alentar evoluciones positivas de separación respecto al control que las organizaciones criminales mantienen sobre sus presos. Y que, dentro de la más estricta legalidad, oferte a los penados, que quieran de modo fehaciente su reinserción, un catálogo de actividades que facilite su absoluta desafección de organizaciones terroristas.

Este programa no modifica, en ningún caso, los requisitos que los internos tendrán que cumplir para tener acceso a los beneficios penitenciarios tasados en la ley.


2.- INCORPORACIÓN AL PROGRAMA.

Habida cuenta que en nuestra legislación el tratamiento penitenciario es voluntario e individual, en este programa solamente podrían participar aquellos internos que lo aceptaran de forma expresa, que cumplan los requisitos que se exijan y que se comprometan a llevarlo a cabo en los términos que se determine. Quien no quiere reinsertarse no tiene sentido que  forme parte del programa, ya que su desarrollo requiere una actitud activa del interno.

Por tanto, para la admisión de un interno en el programa, éste deberá acreditar el rechazo a la violencia y su desvinculación de la organización criminal a la que ha pertenecido o con la que ha estado relacionado.

Reversibilidad del Programa:

Si durante el desarrollo del programa, el Equipo de Tratamiento evaluara que un interno manifiesta una actitud contraria a los objetivos de reinserción del programa propondrá su exclusión.


3.-CENTROS EN LOS QUE SE PONDRÁ EN MARCHA.

La fase de incorporación de internos, se realizará en todos los Centros Penitenciarios que alberguen reclusos vinculados con organizaciones terroristas. El desarrollo específico del Programa, se realizará, preferentemente, en Centros Penitenciarios ubicados en el País Vasco, aunque se ampliarán a otros próximos en función de las características de los penados que se incorporen al programa.



4.- OBJETIVOS Y FINES DEL PROGRAMA.

·       Comprobar la autenticidad de la evolución del recluso y la coherencia entre sus manifestaciones y su actuación.
·       Concienciación de la magnitud y la trascendencia del daño ocasionado a las víctimas, sus familiares y su entorno.
·       Asunción por parte del penado de su responsabilidad en la conducta delictiva.
·       Superación de los elementos de convicción que le llevaron a delinquir y a justificar la violencia para la consecución de objetivos políticos.
·       Progresiva asunción de valores cívicos, de respeto a la vida, la integridad física y la libertad de los ciudadanos, así como las exigencias legales de perdón expreso a las víctimas, reparación del daño y colaboración con las autoridades para disminuir los efectos del delito cometido y la desaparición de la organización terrorista.
·       Preparación para la vida en libertad, resistiendo la estigmatización que en el entorno que justifica planteamientos comprensivos con quienes ejercieron o justificaron la violencia terrorista produce la disidencia de los que asumen el compromiso con la legalidad.
·       Entrenamiento en habilidades para la superación creativa y pacífica de  situaciones conflictivas.
·       Aprendizaje para la adopción de decisiones personales y autónomas.


5.-DESARROLLO DEL PROGRAMA.


Los valores son la base para vivir en comunidad y relacionarse con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para orientarla hacia una convivencia armoniosa en sociedad. Decidimos actuar de una manera y no de otra sobre la base de lo que es importante para nosotros como valor.


El pasado 21 de febrero, la práctica totalidad de las formaciones políticas del Congreso de los Diputados consensuaron un acuerdo   en el que, entre otras cosas, se insta al Gobierno a: “Favorecer los esfuerzos hacia una convivencia social construida sobre los principios y valores en que se sustenta el Estado de Derecho”.


En ejecución de esta iniciativa, se introduce en el Programa el siguiente punto:

      5.1.- FORMACIÓN EN PRINCIPIOS Y VALORES PROPIOS DE LA CONVIVENCIA EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO Y DE DERECHO.

Quienes han pertenecido a grupos terroristas están acostumbrados a actuar siempre bajo su disciplina y con exclusiva lealtad a las normas de estas bandas criminales, hasta el punto de subvertir el orden más elemental de valores de convivencia propios de un Estado democrático y de Derecho y crear una “legitimidad alternativa y legalidad paralela”.

Por este motivo y con el ánimo de cumplir el mandato del artículo 25 CE, según el cual las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, se pretende impulsar un conjunto de actuaciones formativas de diversa naturaleza que consigan romper la identificación de estos internos con un orden  de valores corrupto y criminal e inculcar actitudes y conductas características del orden de convivencia democrático, tal como se desprenden de las Declaraciones internacionales de Derechos que articulan principios y valores esenciales para sustentar una ciudadanía libre y responsable: respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas, Estado de Derecho y primacía de la Ley, etc.

En esta línea, los Equipos de Tratamiento de los Centros en los que se lleve a cabo el Programa podrán poner en marcha un conjunto amplio y variado de actividades como cursos, coloquios, conferencias – “Aulas para la convivencia”-, etc. encaminadas a robustecer e incentivar la evolución de los penados así como la asunción por éstos de los valores que identifican a las sociedades democráticas avanzadas.

Para el desarrollo de estas actividades se podrá solicitar la participación de personas o instituciones que, desde la pluralidad, hayan obtenido reconocimiento o relevancia social en la defensa de los valores que hayan contribuido a la erradicación de la violencia como legitimadora de cualquier idea, que hayan apoyado el reconocimiento del dolor de las víctimas o que hayan contribuido a la consolidación de los derechos y libertades que identifican nuestro Estado de Derecho.

         5.2.- ENCUENTROS DE REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS:
  
La legislación vigente, para penados por delitos de terrorismo, reconoce efectos jurídicos a la solicitud de perdón a las victimas. Concretamente es un requisito para el acceso al tercer grado ( art. 72.6 de la LOGP) y se exige para que el informe pronóstico final, previo a la concesión de la libertad condicional sea favorable (art.90 del CP). Por tanto, la Administración Penitenciaria debe arbitrar los procedimientos para que las víctimas que así lo deseen, puedan recibir el perdón de los penados dispuestos a pedirlo. A tal fin, en el programa se contemplan encuentros destinados a satisfacer esta exigencia legal. La aceptación del encuentro partirá siempre de la víctima, que tendrá que ser la directamente perjudicada por el delito  o sus allegados más cercanos. De la misma forma, el penado que solicita el perdón tiene que ser el autor material o el cooperador directo del hecho delictivo que ha causado el daño.

El encuentro irá precedido de la preparación necesaria para que, en ningún caso, esta actividad pueda suponer un incremento del estado de aflicción de la víctima.

La reparación victimológica no debe considerarse un cuerpo extraño en el tratamiento penitenciario, antes al contrario, debe entenderse como una parte esencial del cumplimiento de la sanción penal impuesta, porque puede coadyuvar a conseguir el objetivo resocializador de la pena privativa de libertad.

Los mecanismos  para hacer posible la reparación de la víctima son además de la reparación material, la reparación moral. Esta reparación moral enmarcada dentro de un programa de tratamiento podría alcanzar objetivos muy positivos en nuestro sistema de ejecución penal, tanto para la víctima como para los terroristas.

     5.3.-MEJORA DE LA CAPACITACIÓN SOCIO-PROFESIONAL:

El tratamiento penitenciario tiene como objetivo general suplir las posibles carencias con las que el recluso ingresa en prisión. En este sentido, dentro del Programa se prestará especial atención a la realización las actividades culturales, formativas, laborales, etc. que vayan encaminadas a la capacitación socio-profesional del penado, que le permitan afrontar sus necesidades futuras en la vida libre y que contribuyan a una mejor inserción social el día que obtenga la libertad. A estos efectos, se podrán utilizar las fórmulas de acceso del penado a recursos externos, cuando cumplan los requisitos legalmente exigidos.

En el desarrollo de estas actividades se tendrá en cuenta el marco constitucional y estatutario de distribución de competencias, coordinando las que procedan con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y, en concreto, con los Gobiernos del País Vasco y Navarra.


6.- SEGUIMIENTO Y DOCUMENTACION DE LOS RESULTADOS.

Por los miembros del Equipo de Tratamiento, se realizará un seguimiento minucioso de las diferentes actividades que integran el Programa, evaluando la evolución de los integrantes y documentando las observaciones y conclusiones, que se incorporarán al Protocolo de cada uno de los participantes, remitiéndose al Centro Directivo cuanta documentación resulte de interés.

miércoles, 5 de octubre de 2011

CASO COUSO. MILITARES ESTADOUNIDENSES PROCESADOS

Desconozco si alguna vez en la historia se ha procesado a unos militares USA, (quizá alguna destitución deshonrosa), por algunos de los miles de crímenes cometidos por sus ejércitos a lo largo y ancho del mundo. Nadie fue procesado, por el genocidio de los autóctonos norteamericanos, por el auto hundimiento del Maine, por las bombas, (genocidio según la Haya) de Hirosima y Nagasaki, por los cientos de civiles muertos en Vietnam, nadie por el plan Cóndor en sudamérica, nadie por el bloqueo de cuba, nadie por las masacres de Irak,  etc.
        Lo que si es una realidad, desde hoy, es que el Juzgado de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, su titular, el Juez Santiago Pedraz, dando seguimiento al impulso procesal de la acusación particular de la familia Couso, y de las acusaciones populares de la Asociación Libre de Abogados y la Asociación de Camarógrafos, contra la voluntad de la Fiscalía, y de todo el aparato jurídico-político, HA PROCESADO Al sargento Thomas Gibson, al capitán Philip Wolford y al teniente Philip De Camp, todos ellos miembros de las fuerzas de ocupación USA en Irak, durante su invasión.
        Para este despacho, y para mi personalmente, y  como abogado, es un honor el poder trabajar al lado de estos compañeros  Enrique Santiago, Raúl Maillo y Pablo Dean, no solamente por ser un ejemplo en el trabajo bien hecho, también por ser unos profesionales comprometidos con la causa por la que luchan, la defensa de los derechos humanos, violados por la potencia belicista más grande que ha existido en la  historia.


AUDIENCIA NACIONAL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION UNO SUMARIO 27/2007






                                               AUTO DE PROCESAMIENTO

En Madrid a cuatro de octubre de 2011.

                                                               ANTECEDENTES DE HECHO


PRIMERO.- De las diligencias obrantes en la causa resulta acreditado que, con ocasión de la ocupación militar de Iraq por parte de los Estados Unidos y países aliados –después de que las tropas estadounidenses y británicas cruzaran la frontera con Kuwait (20 de marzo de 2003) e hicieran algunas incursiones en Bagdad hacia el 7 de abril - en la madrugada del 8 de abril del 2003, la 3a División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos cruzó la zona occidental de Bagdad hasta situarse en la ribera del río Tigris. En la mañana de ese día, los carros de combate del 64o Regimiento Blindado, 4o Batallón, pertenecientes a la compañía Alpha de la citada División se situaron en un extremo del puente Al Jumhuriya, (según se señala en el mapa que sigue). Desde el mismo efectuaron disparos a edificios gubernamentales y otras posiciones militares iraquíes.
Desde varios días antes del comienzo de la ocupación la mayor parte de los medios de comunicación internacional se encontraban alojados en el hotel “Palestina” de Bagdad (uno de los edificios más altos y emblemáticos de la ciudad), adonde se habían trasladado por indicación del Pentágono estadounidense. El hotel estaba situado en la zona oriental del río Tigris, donde se encontraba la mayor parte de las áreas residenciales de Bagdad y, por tanto, habitada por población civil. De otro lado, las sedes de televisión árabes Al Yazira y Abu Dhabi, ubicadas en edificios residenciales, se encontraban situadas en el otro margen del Tigris y al este del Puente Al Jumhuriya. Tanto Al Yazira como Abu Dhabi TV habían informado previamente a la invasión su ubicación exacta al Pentágono, marcando además sus sedes con grades letreros de Prensa. No consta que existieran otros lugares en los que se alojaran o trabajaran otros medios de comunicación.


SEGUNDO.- Los citados carros de combate se encontraban a unos 1.700 metros del hotel Palestina y a unos 300 metros de las sedes Al Yazira y Abu Dhabi. De esta forma los medios de comunicación podrían así ver, filmar, retransmitir e informar de la actividad de los carros.
Una de las misiones encomendadas a la citada División era evitar que los medios de comunicación internacionales informaran sobre las operaciones militares en curso en la toma de Bagdad.
A este fin previamente la 3a División había bombardeado las sedes de las televisiones árabes citadas (una de ellas –Al Yazira- justo en el momento en que dos personas trataban de recolocar las cámaras en la parte superior), para luego y a primera hora de la mañana citada disparar con los carros a las mismas (se ametralló directamente la cámara de Abu Dhabi situada en el techo del edificio) consiguiendo así que no pudieran grabar lo que acontecía o fuera a acontecer y, con ello, emitir.
Tales ataques, aparte de grandes daños materiales, causaron un muerto (el periodista Tarek Ayyoub) y dos heridos en la sede de Al Yazira.
A continuación, para completar el plan, sobre las 11:00 horas aproximadamente, el carro de combate estadounidense “Abrams M1”, perteneciente a la compañía “A”, disparó un proyectil de 120 mm. contra el hotel Palestina, a la altura de la planta quince. El periodista español de la cadena de televisión Telecinco, don José Manuel Couso Permuy, que se encontraba filmando desde la habitación 1403, fue alcanzado por la metralla procedente del estallido de proyectil, falleciendo pocas horas después en el Hospital Ibn Nafis, de Bagdad. Asimismo, perdió la vida en ese ataque un reportero de la agencia Reuters (Taras Protsyuk), que se encontraba en la planta superior, y resultando con heridas graves al menos otros tres periodistas (Samia Najul, Paul Pasquale y Faleh Kheiber).
El citado carro contaba con elementos de visión con los cuales se podía apreciar con total claridad a las personas que se encontraban en ventanas y balcones en el hotel y los objetos que portaban.

TERCERO.- La persona que dio la orden directa de disparar al hotel fue el Teniente Coronel PHILIP DE CAMP, al mando del Regimiento de Blindados no 64 de la Tercera División de Infantería Acorazada del Ejército norteamericano, quien transmitió la orden al Capitán PHILIP WOLFORD, al mando de la Unidad de Blindados. Este autorizó a quien materialmente efectuó el disparo, Sargento THOMAS GIBSON, perteneciente a la Compañía «A» del Regimiento de Blindados no 64.
Se ignora qué autoridad superior norteamericana (militar o política) planeó la operación de evitar que los medios de comunicación informaran; si bien la misma pudo ser dada para su ejecución al Jefe del Cuartel General y Comandante de dicha 3a División Buford. BLOUNT, y sucesivamente al jefe de la 2a Brigada de dicha División, Coronel David. PERKINS.


                                                                      RAZONAMIENTOS JURÍDICOS


PRIMERO.- Como ya se señalaba en el auto de procesamiento de fecha 21 de mayo de 2009, nuestro Código Penal, en el Capítulo III del Título XXIV (Delitos contra la Comunidad Internacional), trata de los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Los preceptos que en él se contienen son el resultado de un proceso de internalización de normas originariamente convencionales surgidas en el ámbito del Derecho Internacional dentro del Derecho de la Guerra y dirigidas a la “humanización” de las penosas situaciones creadas por la Guerra.
Dentro de ese Derecho de la Guerra, se distingue entre un ius ad bellum y un ius in bello. El primero se refiere a si bajo alguna condición resulta lícito el recurso a la fuerza de las armas –derecho a la guerra- (cuestión que no afecta al presente caso); mientras que el ius in bello –derecho en la guerra- se refiere a un conjunto normativo (como señaló el Tribunal Supremo, son normas de Derecho Internacional Humanitario) que, dada la existencia de un conflicto armado, sea justo o injusto, deben observar los beligerantes, sobre todo con determinadas personas y lugares. Tal ius viene inspirado en el principio de necesidad: Sólo resulta lícito lo que es necesario para conseguir el objetivo de la guerra (Grocio).
Así, en el caso, podrá decirse que no resultó lícita la ocupación de Iraq (el recurso a la guerra), dado que ni existían armas de destrucción masiva, ni el régimen iraquí protegía a terroristas o daba cobertura a miembros de Al Qaeda, ni compró material nuclear a Niger; mas, como se dice, es una cuestión que no puede tenerse en cuenta en el presente caso.
Sí, en cambio, por lo que se refiere al ius in bello y atinente al caso, con lo que se dirá, obviamente no era lícito atacar o atemorizar a la población civil (periodistas) para conseguir el objetivo de la guerra:
El citado Capítulo III comprende las infracciones más graves de las normas fundamentales de ese ius in bello, que no son otras que las recogidas en el artículo 608 del Código Penal (Convenios de Ginebra, Protocolos y Convenio de la Haya).
De este artículo se sigue que las personas protegidas son: 

                                 1.- Los heridos, enfermos y náufragos. 
                                 2.- El personal sanitario y religioso. 
                                 3.- Los prisioneros de guerra.
                                 4.- La población civil. 
                                 5.- Las personas que no participan en las hostilidades.

El artículo 608.3 indica: a los efectos de este capítulo, se entenderán por personas protegidas: la población civil y las personas civiles protegidas en el IV Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 o por el Protocolo I Adicional de 8 de junio de 1977. Los periodistas son considerados población civil. No cabe, pues, duda de que el Sr. Couso era persona protegida.
El artículo 611.1 del Código Penal castiga con la pena de prisión de 10 a 15 años, sin perjuicio de la pena que corresponda por los resultados producidos, al que con ocasión de un conflicto armado realice u ordene realizar ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias o actos o amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizarla.
El citado artículo 611.1 del Código Penal prohibe y castiga:

             a)  La realización de ataques indiscriminados. 
             b) Los ataques excesivos a la población civil. 
             c) Losataquesespecíficosalapoblacióncivil.
             d) La represalias. 
             e)  Los actos de violencia. 
             f) Las amenazas de violencia con la finalidad de amenazar a la población.

Dispensa, pues, una especial protección a la población civil: cualquier ataque (sea indiscriminado, sea excesivo o sea específico) como amenazas de violencia con la finalidad de amenazar a la población es ilegítimo, está prohibido y está castigado penalmente. Así se sigue de dicho artículo, que recoge y desarrolla lo dispuesto en el IV Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y el Protocolo Adicional I de 1977 (mencionados en el artículo 608).
El Protocolo, además, establece un principio fundamental: las partes contendientes están obligadas siempre a distinguir entre población civil y combatientes y entre bienes de carácter civil y objetivos militares (art. 48). Incluso, en caso de que se cuestionara este principio de distinción, tampoco podían hacerlo en base al principio de precaución, también recogido en aquel Protocolo, que obliga a que el ataque sea suspendido o anulado si se advierte que el objetivo no es militar o que goza de protección especial, o que es de prever que el ataque causará incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista; añadiendo que se dará aviso con la debida antelación y por medios eficaces de cualquier ataque que pueda afectar a la población civil, salvo que las circunstancias lo impidan. Resta incluso el principio de proporcionalidad del mismo Protocolo, que considera indiscriminado el ataque (y obliga a abstenerse de decidirlo, suspenderlo o anularlo) cuando sea de prever que el mismo causará incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas.
Está claro, por tanto, que en modo alguno las fuerzas norteamericanas podían atacar el hotel y a las personas que allí se encontraban, por cuanto se prohíbe y se castiga los ataques a la población civil con fundamento en los principios de la distinción, precaución y proporcionalidad. Y, caso de que el hotel se convirtiera en objetivo militar, de acuerdo a tales principios, tampoco se podía atacar en la forma acontecida. (El mismo Ministro de Defensa, Sr. Trillo, conocedor por obvio de tales principios, manifestó que “si en el Hotel hubieran existido fedallines o equipos del Ministerio de información iraquí, no justificaba el gravísimo error que causó la muerte del Sr. Couso”).


SEGUNDO.- Las fuerzas militares norteamericanas tenían conocimiento de que el Hotel Palestina era y se encontraba en zona civil y no podía ser objetivo militar, y que, además, estaba ocupado por población civil y periodistas; según se sigue de los testimonios y documentación obrantes en la causa :
   -el Pentágono aconsejó a los periodistas que se trasladaran a dicho hotel, -desde días antes a los hechos se trasladaron al hotel y algunos estaban ya desde el 19 de marzo, - los medios de comunicación transmitieron a las embajadas, Pentágono y a Washington la posición GPS del Hotel, -los propios soldados llevaban una lista de objetivos prohibidos entre los cuales se encontraba el citado Hotel, lo cual confirmó un coronel de la 2a Brigada de la 3a división de Infantería, y una periodista que se encontraba en la 3a División
- el Secretario de Estado Colin Powell reconoció que se sabía que el hotel estaba repleto de periodistas.
- el informe pericial de D. Gonzalo Jar que recoge declaraciones, informes y situaciones,
- una entrevista de RPSF al coronel jefe de la Brigada de los atacantes del hotel, Coronel Perkins, dice que se sabía que estaba lleno de periodistas. - el propio Pentágono, a través de su portavoz, admitió el conocimiento
previo. - el día anterior al ataque periodistas alojados en el hotel habían saludado a militares estadounidenses desde el mismo. A ello se añade lo declarado por los testigos de Al Yazira y Abu Dhabi en esta sede judicial confirmando que las autoridades norteamericanas sabían donde se alojaban los medios.
De otro lado, no hay base alguna para concluir que se disparara porque hubiera un “ojeador”, tirador o grupo de tiradores enemigos. Aún más, la propia Sala 2a del Tribunal Supremo en su auto de 13 de julio de 2010 señala que (Fundamento Octavo) “no existe indicio alguno de que fuera utilizado el Hotel como “escudo” para cometer una acción contra los procesados...No hay vestigio que hubiera error visual sobre la presencia de un francotirador u ojeador en el Hotel. Tampoco de que se hiciera fuego sobre el tanque en los 35 minutos anteriores., ni que hubiera artilleria anticarro, capaz de alcanzarle desde el Hotel, teniendo en cuenta que se encontraba a más de 1500 metros de distancia, y un lanzagranadas no alcanza más de 650 mts. Y, caso de existir tal riesgo, debió advertirse a los periodistas del Hotel. Es más, si en una de las múltiples versiones ofrecidas por las autoridades estadounidenses al decirse que el ojeador o francotirador se encontraba en el tejado, no se entiende por qué se dispara a la planta 15 cuando había cinco plantas por encima.
Todo ello hace decaer la razón alegada por el Mando Central norteamericano para archivar el expediente, esto es, que se disparó en defensa propia... disparó debidamente sobre un supuesto tirador o grupo de tiradores enemigos en una respuesta medida proporcionada y justificada y que dicha acción es completamente acorde a las reglas de combate.Esa razón alegada se basa en que, como quiera que la compañía Alpha estaba bajo fuerte ataque enemigo y se hubiera detectado a través de una radio enemiga que dicha compañía estaba siendo vigilada por un observador enemigo localizado al otro lado del río Tigris y que estaba dirigiendo las fuerzas y el fuego enemigo hacia su posición, al observarse el hotel se tomó a personas por un tirador o grupo de tiradores en el balcón de una habitación y dado que vieron “flashes” de luz, coherentes con fuego enemigo, se disparó el proyectil. Añade, además, que tras el disparo el fuego enemigo contra la compañía cesó.
Como se dijo, tal información es confusa, pues en principio se habla de “observador enemigo” y luego de “tirador o grupo de tiradores”. Asimismo, es contradictoria con la declaración de los testigos –directos- Sra. Rodríguez Francisco, Sr. Sistiaga, Sr. Hernández de Miguel y Sr. Hernández Quiñonero (además de múltiples testimonios de periodistas que constan documentalmente, como la de los testigos de Al Yazira y Abu Dhabi), quienes en la ampliación de sus declaraciones, manifestaron que el tanque estaba parado durante la última hora y no recibió ningún disparo, que antes del disparo era un momento de aburrimiento, no había nada que grabar, que era una mañana bastante tranquila y por eso estaban todos asomados a la ventana, que era el momento de más calma, que no hubo ni un disparo durante los tres cuartos de hora que el tanque estuvo parado ...Obviamente ello contradice que existiera ese fuerte fuego enemigo contra la compañía que dice el “informe”. De otro lado, como consta, era conocido que el Hotel Palestina estaba en zona civil y que alojaba a la prensa, siendo que los propios periodistas utilizaran binoculares y cámaras fotográficas con o sin “flash”, circunstancia fácilmente deducible por los imputados. Pero incluso en el supuesto de que el sargento THOMAS GIBSON desconociera la condición del hotel y el alojamiento de la prensa, resulta más cuestionable que lo desconociera su superior y mucho más aún el Teniente Coronel. Es más, el Sargento señaló que transcurrieron diez minutos desde que comunicó tal incidencia a sus superiores, por lo que mediaría el tiempo suficiente para confirmarlo y así distinguir si se trataba de población civil o combatientes. A ello se une que en el lapso de tiempo se podría haber avisado a los periodistas, dado, por obvio y al tratarse de medios de comunicación, que con los mismos se podía comunicar de forma inmediata (además, la ex sargento del Ejército de los EE UU Adrienne Kinne, destinada en Inteligencia Militar, manifestó que escuchaban las conversaciones telefónicas de los periodistas, con lo cual podrían contactar con ellos de inmediato para “avisarles”). Asimismo, podrían haber ordenado el desalojo del hotel.
Pero es más, la inspección ocular con los testigos que asistieron a la misma y las periciales subsiguientes (judicial y de parte) y con ocasión de ella demuestran todo lo contrario a lo afirmado por el Mando Central, teniendo además en cuenta que la visión del día de los hechos era mejor que la del día de la inspección. El edificio del hotel, como que se trataba de un hotel dado el rótulo existente, se veía perfectamente y, desde luego disparar un misil de las características señaladas resulta del todo desproporcionado para abatir a un ojeador o tirador. Y las periciales han demostrado que con los elementos de visión del carro se podía ver perfectamente a las personas que pudieran allí encontrarse incluidos lo objetos que portaran. Y, más aún, poco antes de los hechos (según varios reportajes videográficos obrantes en las actuaciones y declaraciones testificales), dos helicópteros norteamericanos sobrevolaban la zona. Obvio es que los mismos disponen de aparatos de visión cualificados y de armamento de precisión; por lo que los mismos podían constatar si se trataba de un “ojeador” o de un periodista (camarógrafo, fotógrafo o reportero, y en caso de existir aquel podrían haberlo abatido, sin necesidad alguna de disparar el misil.


TERCERO.- Los hechos relatados, por tanto, como además señaló el Tribunal Supremo en su auto de 13 de julio de 2010 que revocó el sobreseimiento libre decretado por la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional, pueden ser constitutivos indiciariamente de un delito contra la comunidad internacional, previsto en el artículo 611.1 del Código Penal, en relación con el artículo 608.3 del Código Penal, que indica los sujetos protegidos, subsumibles en las normas del Derecho Internacional Humanitario, en concurso real con un delito de homicidio, previsto y penado en el artículo 138 del Código Penal; dados los ataques excesivos e indiscriminados a la población civil con la causación de la muerte del Sr. Couso.
Aún más, hay base más que indiciaria para considerar que también se trata de un acto o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil o los periodistas: se trataba de aterrorizar a los periodistas para que no fueran testigos (y, con ello, la comunidad internacional), de la forma en que se iba a realizar la toma de Bagdad. Se confirma indiciariamente, incluso por reducción al absurdo, que una de las misiones de la 3a División era la de evitar que los medios de comunicación pudieran informar de lo que iba a acontecer en el conflicto. Al efecto, las sedes donde se pudieran encontrar los medios de comunicación eran exclusivamente el Hotel Palestina y los locales ocupados por Al Yazira y Abu Dhabi. Consta el bombardeo de las sedes de TV como los disparos del carro a las mismas, todo ello anteriormente al disparo al Hotel Palestina, y que además se confirmó por los testigos respectivos que trabajan en las mismas en su declaración prestada el pasado 13 de enero. Asimismo, tanto la localización de tales sedes como del hotel fue confirmado por este instructor en la diligencia practicada en Bagdad el día 28 de enero de 2011. De igual forma (documental y testifical) no consta acreditado fuego enemigo alguno desde dichas sedes TV y sí que las mismas estaban identificadas dadas las banderolas que colgaban de ellas con la palabra “TV”. A ello se añaden testimonios de otros periodistas que confirman que el ataque fue premeditado (Ángeles Espinosa, Mónica G. Prieto).
Primero se bombardean las sedes árabes (una de ellas –Al Yazira- justo en el momento en que dos personas trataban de recolocar las cámaras en la parte superior, produciendo la muerte de una de ellas), luego los carros se colocan en el puente que se encuentra entre el Hotel y tales sedes, se las dispara a éstas con gran precisión (se ametralla la cámara de una) con el carro de combate y a continuación se lanza un misil al hotel Palestina justo a la altura de las plantas donde se encontraban los dos periodistas que estaban filmando. Todo ello acontece prácticamente en unas tres horas. Y, efectivamente, se consiguió que no se informara: no consta que existan imágenes de Bagdad en las horas siguientes y es precisamente en esos momentos en las que las tropas norteamericanas entraron en Bagdad y, según las autoridades militares, tras ello la guerra se “acabó”. Nadie, por tanto, pudo reflejar la toma de la ciudad hasta el día siguiente; ya que no hubo, ante el miedo provocado, una sola cámara dispuesta a asomarse a las ventanas de ese hotel Son significativas, además, las declaraciones de la ex sargento del Ejército de los EE UU Adrienne Kinne, destinada en Inteligencia Militar, efectuadas el 13 de mayo de 2008 en el programa de TV “Democracy Now” y en las que manifestaba que recibió un correo en el que se señalaba al Hotel Palestina como objetivo militar potencial por dicho Ejército, poniendo la citada de manifiesto a su superior la extrañeza ante ello ya que se alojaba la prensa, y respondiéndola que “alguien en un nivel superior de la cadena de mando sabía lo que estaban haciendo”.


CUARTO.- Existen indicios racionales para tener como autores de dichas infracciones criminales al Sargento THOMAS GIBSON, al Capitán PHILIP WOLFORD y al Teniente Coronel PHILIP DE CAMP, dada la actuación concreta de cada uno de los imputados (orden, autorización, disparo) determinada en base a sus propias explicaciones dadas en medios de comunicación y documental que obra en actuaciones.
Como se dijo en los hechos de esta resolución, se ignora qué autoridad superior norteamericana (militar o política) planeó/ordenó la operación de evitar que los medios de comunicación informaran y con ello los bombardeos y disparos a los medios de comunicación; si bien, dada la cadena de mando, obviamente en ella tuvieron que estar los superiores a los procesados. Así la orden tuvo que provenir o al menos ser comunicada para su ejecución al Jefe del Cuartel General y Comandante de dicha 3a División Buford BLOUNT, y sucesivamente al Jefe de la 2a Brigada de dicha División, Coronel David PERKINS, para éste transmitirla al Teniente Coronel Philip de Camp. Por ello, procede tener a éstos como imputados y no como procesados, dado que el argumento de la cadena de mando no puede constituirse por sí solo, a falta de otros datos, en indicio racional de criminalidad.
A tal efecto procede librar la oportuna comisión rogatoria, como se hiciera con los procesados, en aras al derecho de defensa, a fin de poner en conocimiento de los nuevos imputados los hechos y delitos que se les imputa, solicitando se les reciba declaración ya por las autoridades norteamericanas, ya por este Juzgado con o sin desplazamiento de los mismos o de la comisión judicial.


QUINTO.- Desde el momento que del Sumario resulte algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona, es procedente declararla procesada y mandar que se entiendan con la misma las diligencias en el modo y forma dispuestos en la Ley, de conformidad con lo que dispone el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SEXTO.- Según dispone el artículo 116 del Código penal, toda persona responsable criminalmente lo es también civilmente y las responsabilidades pecuniarias de los que pudieran resultar responsables civiles directos o subsidiarios han de quedar aseguradas con fianza o embargo de bienes, de conformidad con los artículos 589 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

SÉPTIMO.- El Mando Central norteamericano archivó el expediente en base a que se disparó en defensa propia... disparó debidamente sobre un supuesto tirador o grupo de tiradores enemigos en una respuesta medida proporcionada y justificada y que dicha acción es completamente acorde a las reglas de combate. Lógicamente, ello contradice abiertamente lo argumentado y concluido en la presente causa y con ello todo el informe remitido por el Departamento de Justicia norteamericano de fecha 26 de junio de 2006 (en base al cual rechazaron la asistencia judicial). En dicho informe se señalaba que se había realizado una “exhaustiva y detallada investigación” del incidente. Obviamente, a la vista de lo actuado, tal investigación no puede tener tal carácter, pues, desde luego, no ha contado con los múltiples testimonios obrantes en la causa e informes periciales y demás diligencias practicadas, ni aún con el testimonio de la sargento Sra. Kinne, la que sin duda habría de aportar en el expediente norteamericano información muy importante.
Pues bien, como quiera que en el citado informe se manifestaba (folios 837- 845) que los Estados Unidos se responsabilizan de investigar, y, si es necesario, llevar a juicio (iniciar acciones judiciales) cualquier denuncia relativa a los supuestos abusos por parte de miembros de Fuerzas Armadas en el desarrollo de operaciones militares en aquellos conflictos en los que intervienen; es procedente poner en conocimiento de dicho Departamento la presente resolución y a fin de que proceda en consecuencia, máxime si la investigación española es judicial y la que se llevó a cabo en los Estados Unidos no tuvo tal carácter (sería puramente administrativa o militar), por lo que estaría ya en condiciones de iniciar esas acciones judiciales. Al efecto, este Juzgado le remitiría si así lo solicitara testimonio de lo actuado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
DISPONGO: SE DECLARAN PROCESADOS en esta causa al Sargento THOMAS GIBSON, al Capitán PHILIP WOLFORD y al Teniente Coronel PHILIP DE CAMP, con
quienes se entenderán las sucesivas diligencias en el modo y forma dispuestos en la ley. REQUIÉRASE a los indicados procesados para que a las resultas de las responsabilidades pecuniarias de la causa presten fianza en la cantidad de un millón de euros, y no verificándolo a las veinticuatro horas siguientes embárgueseles bienes bastantes a cubrir la indicada suma, acreditándose legalmente, caso de no poseerlos, su
insolvencia total o parcial; y fórmese pieza separada respecto del particular. Líbrese comisión rogatoria a las autoridades norteamericanas con copia de esta resolución a fin de poner en conocimiento del Jefe del Cuartel General y Comandante de dicha 3a División Buford BLOUNT, y del Jefe de la 2a Brigada de dicha División, Coronel David PERKINS los hechos y delitos que se les imputa, solicitando se les reciba declaración ya por dichas autoridades norteamericanas, ya por este Juzgado con o sin desplazamiento de los mismos o de la comisión judicial Remítase testimonio de la presente resolución al Departamento de Justicia norteamericano a fin de que proceda en su caso, conforme se responsabilizó, y en base a lo actuado en la presente causa, a continuar o reabrir la investigación de los hechos.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, previniéndoles que contra la misma cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación en un efecto, dentro de los tres días siguientes a la notificación de esta resolución.
Así por este Auto, lo manda y firma el Iltmo. Sr. D. Santiago J. Pedraz Gómez, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción número Uno; doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.




viernes, 16 de septiembre de 2011

CONGRESO ALTERNATIVO ABOGACíA. CÁDIZ 26 A 28 OCTUBRE 2011. Programa*


Con esta carta que se acompaña, hemos querido hacer una invitación, a todos aquellos abogados que no comparten los comportamientos que por determinadas elites se esta haciendo de la profesión de abogado. Es una invitación dirigida a aquellos que siguen pensando en nuestra profesión, no sólo como una forma de ganar dinero, sino, como una profesión comprometida con la independencia, con la justicia, y con la igualdad, y que combina el ejercicio profesional con el compromiso social, la defensa de los derechos humanos, y el avance hacia una sociedad más justa. Pueden parecer palabras vacías, pero el objetivo es juntarnos para organizar a los abogados que somos pueblo, que somos ciudadanos, y que en los momentos difíciles y en los fáciles, estamos, pues  así nos lo creemos y sentimos, donde debemos estar, con nuestro pueblo.


Queridos compañeros,
El pasado 14 de julio, en la asamblea de nuestra asociación, se trató en uno de sus puntos el X Congreso de la abogacía a celebrar en Cádiz los días 26 a 28 de octubre de este año.

Viendo el contenido de las ponencias, a muchos nos hubiese gustado participar, pero al profundizar en la convocatoria, observamos distintos peros que nos llevaron a la conclusión de que mejor era organizar en las mismas fechas otro alternativo en la misma ciudad, eso sí, en este  no costaría 400 euros participar , y  el mismo no debía olvidar e ignorar   en su desarrollo y elaboración a las asociaciones de abogados que hoy siguen luchando por el ejercicio libre de la profesión, por un turno de oficio digno y de calidad, y por sacar adelante despachos comprometidos con la sociedad más desfavorecida.
El X Congreso de la abogacía es clasista, excluye a los letrados que no pueden pagar una cantidad, no ya por recibir un curso,  se paga para poder participar en los debates, es decir se excluye a quien no puede pagar. Estancia, inscripción, viaje, vamos que viendo la culminación del programa en la “cena de Gala” el viernes 28 a las 21.00, desde luego muchos/as, no sabríamos que ponernos.
Desde luego esa no es la profesión que nosotros defendemos, la de las alfombras mullidas, la de los coches oficiales, la de la sumisión a las instituciones, por ello no sólo queremos convocar éste congreso alternativo con vosotros, si no que además os proponemos movilizarnos para poner de manifiesto en los eventos del oficial, nuestra más enérgica repulsa a ese tipo de eventos que se realiza además también con el dinero de los que no lo podemos pagar.
Para ello, a algunas de las asociaciones con las que tenemos contactos a través de la Asociación de Abogados Europeos Demócratas, han sido invitadas a convocar y participar. Raúl Maillo ya realizó un primer contacto.
Con esta carta desde la Comisión creada para realizar el congreso alternativo, queremos invitaros no sólo a convocarlo junto a nosotros, si no a poder introducir cualquier propuesta de punto a discutir en los talleres que desarrollaremos esos tres días.
Por premura de tiempo, ya que las fechas están cerradas por coincidir con el oficial, y por ser prácticos, habíamos diseñado un cartel, donde deberían venir los convocantes, para empezar a ponerlo en los colegios y en las salas de togas al volver de vacaciones. Por ello os pediríamos que confirmaseis vuestra voluntad de convocarlo, al menos antes del 20 de septiembre.
Como veréis en el documento adjunto donde figura convoca  ALA, deberán venir el nombre de todos convocantes.
En cuanto a los contenidos que se quieran incluir, no damos ninguno por cerrado, pudiendo aportar cualquiera que se os ocurra, en la medida de lo posible si está ya trabajado mejor, para así introducirlo como ponencia, sin perder más tiempo.
Nosotros habíamos visto en genérico, y por no ser muy extensos en los temas, pues no queremos dejar de olvidar las movilizaciones ante el oficial, tres líneas de trabajo, pero insisto abiertas a vuestras aportaciones: TURNO DE OFICIO, Recorte de derechos (reforma laboral, nueva L.E.Cr), colegios profesionales y asociaciones de abogados/as. Los tres son como ya dije genéricos, el trabajo en este poco tiempo que tenemos es llenarlos de contenido, y impartirlos como talleres.
El lugar donde lo vamos a celebrar, es también simbólico, el colegio Valcárcel, inmueble “recuperado para el pueblo” por el movimiento 15 M. No obstante de ser desalojado los compañeros de Cádiz están buscando alternativas.
Sin más, deseando lo mejor en esta vuelta de vacaciones.

Antonio Segura Hernández, miembro de la comisión organizadora del Congreso alternativo.

*PROGRAMA DEL CONGRESO ALTERNATIVO

.- Talleres y mesas:

A)    TURNO DE OFICIO. Por un turno de oficio público, digno y de calidad.
B)   RECORTE DE DERECHOS:
1.- Reforma LECrim.
2.- Reformas laborales
3.- Reforma constitucional: por una nueva constitución con derechos.

C)   ORGANICEMONOS:
1.- Presente y futuro de las comisiones LEGAL del 15-M
2.- Colegios profesionales y asociaciones de abogados.


.- Programa del Congreso Alternativo: (Provisional. Se podrían hacer cambios hasta el momento de la aprobación del reglamento)

26-10-11, miércoles:

19:30 hs. Concentración en el Teatro Falla en protesta inauguración del oficial.

27-10-11, jueves:

9:30 hs. Constitución de los talleres definitivos y aprobación en pleno de un sencillo reglamento del congreso.

Resto de la mañana, hasta las 13:30 hs. trabajo en talleres.

13:30 hs. Comida.

16:30 hs. Trabajo en talleres

19:00 hs. Mesa redonda: “Hipocresía de la lucha antiterrorista en USA”. Asistirá como invitado el abogado norteamericano José Pertierra (1)

28-10-11, viernes:

9:30 hs: Finalización trabajo en los talleres.

11:00 hs. Plenario: aprobación de ponencias y comunicados.

13:30 Presentación de A.L.A Cádiz.

14:00 Finalización Congreso.




(1)
JOSÉ PERTIERRA ABOGADO:

Ejerce desde Washington, DC el derecho internacional.  Graduado de la Universidad de Loyola, tiene también una maestría en filosofía de la Universidad de Georgetown y un doctorado en derecho de la Universidad de George Washington.

Ha recibido varios reconocimientos internacionales por su labor a favor de los derechos humanos, entre ellos  el American Immigration Lawyers Association de los Estados Unidos le otorgó el Premio de Derechos Humanos en 1996, el Hispanic Democratic Club del estado de Maryland le entregó el Premio Derecho y Justicia en 1999, el Comité de Familiares de Víctimas de Barbados Cuba le concedió el Sello Conmemorativo XXX Aniversario del Crimen en Barbados en el 2008, y la Unión de Escritores y Periodistas de Cuba le entregó la Distinción Félix Elmuza en el 2011 por una serie de artículos titulados El Diario de El Paso sobre el proceso legal contra Luis Posada Carriles.

Pertierra es entrevistado continuamente en CNN, Univisión, Fox News, Cubavisión, Telemundo, Telesur, Radio Habana, Prensa Latina, EFE y otros medios.

Ha sido abogado en varios casos de alto perfil, incluyendo el de Elián González (el niño cubano que naufragó en el estrecho de la Florida, cuya familia en Miami se rehusaba a devolvérselo a su padre en Cuba).  También representó a Jennifer Harbury, una abogada estadounidense cuyo esposo —Efraín Bámaca-- fue detenido y torturado y asesinado por el ejército guatemalteco.  El caso Dianna Ortiz, una monja ursulina estadounidense que fue secuestrada y torturada en Guatemala.  Últimamente se ha desempeñado como el abogado del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el caso para la extradición de Luis Posada Carriles, un ex-operativo de la CIA responsable de la voladura de una avión de pasajeros en pleno vuelo y otros actos terroristas contra Cuba y Venezuela durante las últimas décadas.

Además de trabajar como abogado en Washington, Pertierra escribe ocasionalmente para varios medios, incluyendo Cubadebate, La Jornada y Counterpunch.  Está terminando el libro "Diario de El Paso", sobre el caso contra Luis Posada Carriles. 

CONTACTOS
Tlf. 91 401 24 54.
Email ala@nodo50.org